En un operativo conjunto entre CTI Norte de Santander y Gaula del Ejército Nacional, se logró la judicialización de tres personas, quienes al parecer hacen parte de las disidencias de las Farc que delinquen en el departamento de Norte de Santander, y que, por denuncias hechas por las autoridades municipales, estarían amenazando y extorsionado a los pobladores de los municipios de Cúcuta, Zulia, Pamplona, Chitagá, Toledo y Labateca (Norte de Santander).
Se trata de Franklin Rafael Rodríguez Sánchez, Carlos Julio Santos Villamizar, y Gerardo Díaz Sánchez, quienes ante un juez con funciones de control de garantías fueron judicializados por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión, uso de menores de edad en la comisión de delitos y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Los procesados fueron capturados en flagrancia este 24 de agosto en diligencia de allanamiento y registro en la vereda La Tapurcua, sector Puente López, jurisdicción del municipio de Chitagá (Norte de Santander).
Las autoridades hallaron en el procedimiento judicial una pistola marca Jericho 9 mm, una pistola traumática, una escopeta maraca Remington USA calibre 16 mm, cuatro teléfonos celulares, talonarios de panfletos, material de intendencia, una motocicleta marca Bajac y un cuaderno con manuscrito “Compañía Alfonso Cano – FARC-EP”
Por determinación del juez, los procesados quienes no aceptaron su responsabilidad fueron cobijado con medida de aseguramiento consistente en detención en centro carcelario.
La Fiscalía General de la Nación hace pública esta información por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados
MPHA/MG/ZUG/DSNS
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
