Tres predios que estarían siendo usados para la actividad ilícita y donde fueron hallados alimentos cárnicos que no cumplían con los requerimientos sanitarios, fueron ocupados con medidas de extinción de dominio.
Labores investigativas desplegadas por la Fiscalía General de la Nación, en defensa de los recursos naturales, permitieron identificar una actividad ilícita que representa riesgo para la salud de la ciudadanía en Boyacá.
Se trata del sacrificio clandestino de porcinos sin el cumplimiento de las condiciones de salubridad exigidas por las autoridades ambientales, y sin contar con el registro del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).
La Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y la Dirección Especializada de Extinción del Derecho y Dominio, en articulación de la Policía Nacional, evidenciaron la presunta utilización de tres inmuebles ubicados en la vereda Runta y en Tunja (Boyacá), para el sacrificio, desposte y almacenamiento de productos cárnicos derivados del cerdo. Estas prácticas se realizaban aparentemente con métodos artesanales y en espacios no aptos para esta actividad.
El material de prueba da cuenta de que la carne porcina que allí se obtenía, no sería apta para el consumo. Se constató que los cerdos eran sometidos a condiciones de estrés antes de su sacrificio y en los inmuebles se hallaron alimentos en descomposición, altamente contaminados y fuera de la cadena de frío.
Adicionalmente, abundante evidencia técnica da cuenta de que los desechos y lixiviados que surgían de la actividad de sacrificio de los animales, serían arrojados a fuentes hídricas que alimentan el suministro de agua a través del acueducto de los habitantes en Tunja (Boyacá).
También fue hallado un pozo séptico que, al no contar con los permisos para disponer de los residuos de manera industrial, estaría generando daños al suelo y subsuelo en el inmueble rural allanado en la vereda Runta (Boyacá), que serviría de matadero clandestino.
Por estos hechos, la Fiscalía impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre los tres predios que estarían avaluados en 1.315 millones de pesos.
Los bienes afectados fueron entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
En 2020, la Fiscalía intervino varios predios relacionados con estas actividades ilegales y fueron condenados cinco presuntos articuladores.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
LMBG/MAGA/DAMB/DECVDH/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
