Tras avalar el preacuerdo entre la Fiscalía y la defensa de las procesadas, un juez penal de conocimiento condenó a Massiel Alejandra González Páez y Lina Alexandra González Rodríguez a 13 años, 3 meses de prisión por su coautoría en el delito de secuestro extorsivo agravado.
De acuerdo con la investigación, los hechos sucedieron en noviembre de 2016, cuando los procesados participaron en el secuestro del ciudadano colombo estadounidense, Benny Cornelio Osorio Mejía, quien se desempeña como juez en Estados Unidos y que se encontraba en el país adelantado unas actividades académicas.
Se estableció que por su liberación y a cambio de no atentar contra su vida, los captores pedían 33 mil dólares a sus familiares, quienes residen en Barranquilla.
Labores de policía judicial adelantadas por el grupo Gaula Atlántico y Bolívar, permitieron días después, capturar en un centro comercial de Barranquilla a González Páez en momentos en que recibían 50 millones de pesos, producto de la extorsión.
Un segundo operativo llevado a cabo en una vivienda del barrio Daniel Lemaitre de La Heroica, permitió el rescate de Osorio Mejía y capturar a González Rodríguez, quien se encontraban custodiando el lugar.
Las hoy condenadas deberán cancelar una multa de 1.333 salarios mínimos vigentes legales y continuarán privadas de la libertad en centro carcelario de la capital de Bolívar.
Por estos mismos hechos se encuentran vinculados a la investigación Erick Samir Hoyos Delgado, quien se encuentra prófugo de la justicia y Andrés Stevenson Ramos Pastrana, que está a la espera de audiencia de juicio.
La Fiscalía habla con resultados.
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MEVA/MG/PD/DSB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
