La contundencia del material probatorio aportado por un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía General de la Nación permitió que jueces de la República condenaran a un integrante de Los Pelusos y una del ELN; además, de la judicialización de un presunto miembro de las FARC.
‘Carlitos La Avioneta’
La evidencia física recaudada por la Fiscalía posibilitó que un juez de conocimiento condenara a 50 meses de prisión a Carlos Augusto Muñoz Niño, conocido como ‘Carlitos La Avioneta’. La decisión se da luego de que este hombre suscribiera un preacuerdo en el que acepta su responsabilidad en el delito de concierto para delinquir agravado, como integrante de Los Pelusos. También deberá cancelar una multa de 2.700 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Condena contra integrante del ELN
También mediante un preacuerdo fue condenada a 11 años de prisión Kelly Johana Rodríguez Pérez, integrante del frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN, que delinque en Tibú. Rodríguez fue sentenciada por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos agravado.
Judicializado alias Mono
La Fiscalía General de la Nación imputó a Ender Angarita Quintana, alias Mono, presunto integrante del Frente 33 de las disidencias de las FARC, el delito de porte ilegal de armas. Durante diligencias de registro y allanamiento adelantadas en Tibú (Norte de Santander), fue incautada un arma de fuego, proveedores, cartuchos, celulares, radios de comunicación y material alusivo al grupo disidente.
La Fiscalía habla con resultados.
AMCJ/MAGA/EC/UEI/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
