Esta estructura criminal era contratada por otras redes delictivas para el control rutas de distribución de drogas en tres comunas de Cali 

Al avalar las evidencias y el material probatorio recaudado por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal envió a la cárcel a 10 presuntos miembros de la banda delincuencial los de La Empresa, por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, y fabricación, tráfico, y porte de armas de fuego, accesorios, partes y municiones, y receptación, a los cuales no se allanaron. 

La Fiscalía logró demostrar durante las audiencias concentradas que esta estructura criminal prestaba sus servicios criminales, por contratación directa, a otras organizaciones delictivas como Los de la R, para mantener el control de la distribución de estupefacientes en varios sectores del oriente de esta ciudad. 

Los de ‘La Empresa’ delinquían en el asentamiento Brisas del Limonar, Comuna 10, y en los barrios El Retiro de la Comuna 15, El Vergel de comuna 13, Antonio Nariño de la Comuna 16, bajo el liderazgo de alias Balanta.  

Los 10 asegurados fueron detenidos durante 17 operativos de registro y allanamiento por agentes de la Sijín de la Policía Metropolitana (Mecal), coordinados por un fiscal especializado. Durante las diligencias judiciales las autoridades les incautaron marihuana, bazuco y cocaína, tres motocicletas, dos armas de fuego calibres 9 y 38 milímetros. 

El juez penal envió a la cárcel a 5 mujeres y 5 hombres presuntos integrantes de la banda delictiva. 

La Fiscalía habla con resultados.

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JGP/MG/SEG/DSC

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en elartículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.