Las víctimas perdieron alrededor de 87 millones de pesos.
Por su presunta participación en doce estafas agravadas, receptación y uso de documento público falso, un fiscal del Grupo de Estafas de la Seccional Tolima imputó cargos y logró medida de aseguramiento en contra de Cristian Daniel Maldonado Andrade en una cárcel de Riohacha (La Guajira) donde fue detenido.

El hombre, que no aceptó delito alguno, fue detenido por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía Seccional Tolima, con el apoyo de la Policía Nacional de Maicao y de Automotores de la Sijín de Ibagué, tras una investigación exhaustiva que el ente judicial lleva en su contra por hechos que vendrían ocurriendo desde noviembre de 2021 a la fecha.
El procesado se dedica, al parecer, a adquirir motos hurtadas las cuales vende haciéndole creer a sus víctimas que son legales y por tanto les entrega sus respectivas tarjetas de propiedad falsas y contratos de compraventa.
Igualmente publicaba las fotos de las motos por redes sociales y por ese mismo medio contactaba a las víctimas.
Las actividades investigativas llevaron a que miembros de la Sijín del Grupo de Automotores establecieran que las motocicletas vendidas por Maldonado Andrade a sus víctimas, en Tolima y Caquetá, tenían sus guarismos de identificación adulterados.
Ya para ese momento los afectados habían entregado la totalidad del dinero al vendedor de quien perdían su rastro.
Es de anotar que en esta investigación el fiscal logró la asociación de once noticias criminales con ocurrencia en Ibagué, El Espinal (Tolima) y en Florencia (Caquetá).
La Fiscalía hace un llamado a la ciudadanía para que adquiera sus motos y vehículos en lugares autorizados o con personas de su entera confianza y así evitar ser engañados.
La Fiscalía habla con resultados.
PAAM/CFG/EIS/DST
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.