La Fiscalía General de la Nación presentó ante jueces de control de garantías a dos presuntos integrantes de ‘Los Pelusos’ y del ‘Clan del Golfo’. Uno de los procesados habría participado en el asesinato de una líder social en Norte de Santander.
A la cárcel señalado sicario de ‘Los Pelusos’
La Fiscalía imputó a Norberto Ramírez Vega, alias César, los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y concierto para delinquir agravado.
Los elementos de prueba dan cuenta de que alias Cesar pertenecería a la red de sicarios de la estructura criminal ‘Los Pelusos’ y habría participado en, por lo menos, tres asesinatos ocurridos en 2019, entre estos el de la líder social y contratista de la Alcaldía de Ocaña (Norte de Santander), María del Carmen Flórez.
El 16 mayo de 2019, la mujer se movilizaba en una motocicleta y fue atacada con armas de fuego por dos hombres que la interceptaron en vía pública de Ocaña y le causaron la muerte.
Por estos hechos, Ramírez Vega deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
Cárcel a integrante del ‘Clan del Golfo’
Por solicitud de un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI), Luz Angélica Ciprian Alean, presunta integrante del ‘Clan del Golfo’, con injerencia en el sur de Córdoba, recibió medida de aseguramiento intramural.
Ciprian Alean fue imputada por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio agravado, tráfico de estupefacientes y extorsión.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados
AMCJ/JARG/AA/UEI/MCRC/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
