Mediante llamadas telefónicas, al parecer, le exigieron a la víctima $100’000.000 para no quemarle los buses.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Rocío Carvajal Villamizar y Óscar Villamizar Vera, como presuntos responsables de exigir dinero al representante legal de una empresa de transporte intermunicipal, ubicada en Sogamoso (Boyacá).
De acuerdo con la investigación, la pareja habría llamado al empresario y, haciéndose pasar como integrantes de una estructura disidente del frente 28 de las FARC, le pedían distintas sumas para no quemarle buses y otros bienes.
Las intimidaciones iniciaron en junio de 2021, y fueron en aumento. Es así como el 24 de marzo de 2022, dos personas que se movilizaban en una motocicleta interceptaron uno de los vehículos que cubría una ruta hacia Norte de Santander, obligaron a los pasajeros a descender y ubicaron una caja de cartón bajo el automotor, con el supuesto de que era un explosivo.
Luego de este evento, la víctima recibió otra comunicación telefónica en la que le exigieron $100’000.000. Finalmente, se pactó el pago de $70’000.000 para poner fin a la extorsión. La cita se cumplió en Belén (Boyacá). Un empleado de la empresa transportadora llevó el dinero y, en una tienda, se lo entregó a Rocío Carvajal Villamizar.
Integrantes del grupo GAULA de la Policía Nacional intervinieron y capturaron a la mujer en situación de flagrancia. De igual manera, detuvieron a Óscar Villamizar Vera, quien esperaba en una motocicleta.
Por esto hechos, un fiscal de la Seccional Boyacá presentó a la pareja ante un juez de control de garantías y le imputó el delito de extorsión agravada en grado de tentativa. Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
La Fiscalía habla con resultados.
LMFO/JARG/JROA/MRC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
