Las capturas por orden judicial de los procesados se hicieron en forma paralela en Atlántico, Córdoba y Sucre.
La Fiscalía seccional Sucre logró judicializar a cinco personas por los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento privado, entre otros delitos contra la administración pública.
Se trata de Walter David Sánchez Urzola (contratista), Carlos Erasmo Sánchez Contreras (representante legal), Kevin Ricardo Caly (exsecretario), Hugo Armando Canabal Hoyos (contratista) y Víctor José López Galván (interventor).
Según el expediente Caly era el secretario de planeación de Caimito en el período 2016-2019, fecha en la que presuntamente se presentaron los hechos.
A su vez, el contratista Hugo Armando Canabal Hoyos, al parecer, también estaría involucrado con el contrato de Centros Poblados.
De acuerdo con el ente investigador, al parecer, se presentaron irregularidades en un contrato que tenía como fin la construcción de un puente sobre el río San Jorge en el sector La Solera (Sucre). Ahora se busca establecer el grado de responsabilidad de los indiciados en la ejecución del anticipo desembolsado del 50% sin que se haya avanzado o terminado la obra contratada por un valor de $2.507’085.275 millones de pesos.
Las capturas se realizaron por orden judicial el 21 y 22 de abril en curso en Caimito (Sucre), en Sahagún y Montería (Córdoba) y en Barranquilla (Atlántico), por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Armada.
La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.
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DSS/VHGB/FAGH/CHV
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
