Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento carcelaria contra Cristian Camilo Valenzuela Zapata y Samir Leonardo Ramírez Torres, presuntamente, responsables de arrojar una granada de fragmentación contra un establecimiento de comercio en Meta.
Los hechos investigados se presentaron el pasado 11 de abril en el sector de Cacayal, jurisdicción de Lejanías, donde los detenidos habrían arrojado desde una motocicleta de alto cilindraje el artefacto explosivo, causando daños a la estructura física del negocio y a dos vehículos estacionados en el lugar.
Según la investigación, luego del ataque varios ciudadanos persiguieron a los dos hombres y tras informar a las autoridades fue posible su captura en el punto conocido como Puerto Limón, al ingreso de Mesetas (Meta).
Valenzuela y Ramírez fueron trasladados a un centro asistencial donde fueron atendidos por heridas sufridas durante la persecución.
La Fiscalía presentó evidencia física y material probatorio que permitió identificar plenamente a los presuntos responsables quienes, al parecer, serían integrantes de las disidencias de las FARC.
Los procesados fueron presentados ante el un juez de control de garantías donde la Fiscalía les imputó cargos por terrorismo en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Ninguno de los cargos fue aceptado por los detenidos.
El ente investigador busca establecer si las dos personas estarían implicadas en otros hechos delictivos ocurridos en la región.
La Fiscalía habla con resultados.
DSM/PYMP/MAGA/DMQD
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
