La contundencia de los argumentos presentados por fiscales de la Unidad Especial de Investigación (UEI) permitió esclarecer y obtener condenas en varios crímenes contras reincorporados y sus familiares, en hechos distintos ocurridos en Leticia (Amazonas); y Ábrego, Convención y Ocaña (Norte de Santander).
Crimen de reincorporado
A 20 años y 6 meses de prisión fueron condenados Haydee Santiago Pereira Batalla, alias Pancho; y Wilmer Visamon Ríos, alias Veneco, como responsables del asesinato del reincorporado Carlos Fernando Ramos.
La Fiscalía estableció que estos dos hombres pertenecían al grupo delincuencial ‘Los Crías’. Asimismo, presentó evidencia para demostrar que, desde una motocicleta, dispararon contra la víctima, el pasado 6 de febrero, en Leticia (Amazonas).
‘Pancho’ y ‘Veneco’ fueron capturados y judicializados gracias a una rápida acción investigativa, 20 días después de sucedido el crimen. Un juez de conocimiento los condenó por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego agravado.
A la cárcel alias ‘Tatú’
Jorge Mario Sánchez Grajales, alias Paisa o Tatú, fue condenado a 28 años de prisión y a pagar una multa de 2.700 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por cuatro asesinatos y un caso de tentativa de homicidio contra el familiar de un reincorporado.
Los homicidios que se le atribuyen ocurrieron en 2019, en Ábrego, Convención y Ocaña (Norte de Santander). La investigación permitió establecer que Sánchez Grajales era sicario de la estructura criminal ‘Los Pelusos’, que tiene injerencia en el Catatumbo. En ese sentido, la sentencia en su contra es por los delitos de homicidio agravado, porte de armas de fuego agravado y concierto para delinquir agravado.
La Fiscalía habla con resultados
AMCJ/JARG/MCRC/AA/UEI/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
