En un segundo hecho conocido por el grupo GELMA fue judicializada una persona que habría agredido a una canina para cometer actos sexuales.

Por su presunta responsabilidad en dos hechos distintos en los que se generaron lesiones graves a dos caninas, la Fiscalía General de la Nación imputó a dos hombres el delito de maltrato animal.
Ataque a ‘Nina’
 
El pasado 30 de enero, en la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá, David Navarro Hilarión, habría atacado a su animal de compañía, llamado ‘Nina’. Al parecer, el hombre cargaba a la canina e intempestivamente la lanzó al piso y la golpeó reiteradamente frente a varios transeúntes que grabaron lo ocurrido.
‘Nina’ fue puesta a disposición de autoridades locales para su atención.

Unidades de la Policía Nacional llegaron al lugar, capturaron al señalado agresor y llevaron a ‘Nina’ al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal para su atención.

El diagnóstico veterinario evidenció heridas en las costillas, hemorragias en el ojo izquierdo, opacidad en las córneas y masas generalizadas en el cuerpo; además de otras enfermedades producto de la falta de cuidado y atención como conjuntivitis, displasia de cadera y desviación de la columna.

Navarro Hilarión aceptó la imputación que le hizo la Fiscalía.

Agresión a ‘Pepa’
El 3 de enero de 2019, Luis Santiago Venegas Díaz, presuntamente, agredió a una canina llamada Pepa, para cometer actos sexuales en Sopó (Cundinamarca).

La evidencia recolectada por una fiscal del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA) indica que los aullidos de la canina alertaron a la dueña, quien acudió en su rescate. El hombre no aceptó el delito de maltrato animal agravado.

AMCJ/JARG/AG/MCRC/

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.