Entre sus víctimas se encontraría un agente de la Policía Nacional
La contundencia del material probatorio presentado por la Fiscalía en Norte de Santander permitió que un juez de control de garantías de Cúcuta impusiera medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra tres presuntos integrantes del grupo de delincuencia común organizado, dedicados al homicidio y otras conductas delictivas.
De acuerdo con las investigaciones, los procesados habrían participado en el asesinato del intendente de la Policía Nacional Tomas Andrés Paredes, en hechos ocurridos el pasado 21 de enero en el barrio Prados del Este de esta ciudad, al parecer con el propósito de apoderarse de sus pertenencias: una cadena, una pulsera de oro y un arma de fuego, elementos avaluados en 30 millones de pesos.
Los procesados fueron judicializados según su responsabilidad así:
- Yeison Andrey Barajas Rodríguez, judicializado por hurto calificado y agravado en concurso heterogéneo y sucesivo con el delito de homicidio agravado en concurso heterogéneo y sucesivo con el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego en concurso heterogéneo y sucesivo por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
- María Fernanda Lizcano Rodríguez, alias La Muchacha y Andrés Cándelo Alvarado, responderán como coautores de los delitos de hurto calificado y agravado en concurso heterogéneo y sucesivo con el delito de homicidio agravado en concurso heterogéneo y sucesivo con el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.
Es de anotar que alias La Muchacha era la mujer que presuntamente acompañaba al intendente de la Policía en el momento de los hechos.
La Fiscalía habla resultados.
MPHA/CFG/DATO
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
