Una Fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Caldas le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes a ocho personas que al parecer pertenecían al Grupo Delincuencial Organizado (GDO) La Colina que opera en Risaralda (Caldas).
Se trata de Julián Andrés Cardona Zamora; Herman de Jesús Cardona Peláez , alias El Tungo; Julián Alejandro Pérez, alias Arcesi; Cesar Augusto Moreno Gallego, alias El Mono; Gilberto de Jesús Loaiza Quintero; Luis Carlos Quirama Valencia, Marlon Castañeda Ossa y Wosbaldo de Jesús Morales Serna.
De los procesados, Quirama Valencia fue el único que quedó en libertad, pero continua vinculado al proceso, mientras que a los demás el juez los cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario.
De acuerdo con entrevistas, declaraciones juradas, reconocimientos fotográficos, interceptaciones telefónicas y seguimientos que se hicieron desde el pasado mes de febrero, estas personas, al parecer, pertenecerían a esta organización y se dedicarían a la venta de estupefacientes a domicilio en los barrios San Javier, La Plazuela y El Paraíso; y las veredas la Quiebra de Varillas, Santa Ana, Banderas, El Brillante y La Romelia de Risaralda.
Presuntamente a estos sitios llegaba el alcaloide en grandes cantidades para ser dosificado y distribuido por algunos de ellos, que tenían como trabajo el mototaxismo, mientras que los demás serían los jefes de la organización.
Durante los operativos fueron desmantelados cinco puntos identificados en el transcurso de la investigación. En estos sitios durante las diligencias de registro y allanamiento fueron encontrados marihuana y bazuco, grameras, dinero en efectivo y una moto.
La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.
JLH/MCMS/FAG
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
