Las pruebas aportadas por un fiscal de la Seccional (Bolívar) fueron suficientes para que un juez penal con funciones de control de garantías de Cartagena profiriera medida de aseguramiento contra José Enrique Hernández Uparela, presuntamente, responsable del delito de violencia intrafamiliar agravada.
La decisión judicial está relacionada con los hechos ocurridos desde el año 2020, en una vía pública el barrio Ciudadela 2000 de la heroica, donde, el procesado al parecer agredió a su excompañera sentimental en momentos en que se encontraron para que la niña compartiera el cumpleaños con él.
De acuerdo con la investigación el asegurado, supuestamente, amenazaba a la mujer con hacerle daño a su hija menor; además de prenderle fuego a la casa de su abuela y de acabar con su vida si la mujer se negaba a reanudar la relación amorosa.
El más reciente episodio de violencia intrafamiliar contra la mujer, al parecer, se presentó el 5 de julio del 2021 en el barrio La Esperanza donde, se cree, la pareja intentaba rehacer su relación. Ese día el supuesto agresor de 25 años de edad, al parecer, habría golpeado a la mujer en varias partes de su cuerpo, causándole varias heridas.
Hernández Uparela fue capturado en casa de sus padres el pasado 24 de febrero; por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en cumplimiento de una orden judicial emitida por la Fiscalía.
La privación de la libertad se llevará a cabo en la cárcel Ternera de Cartagena.
La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.
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MEVA/MAGA/AB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
