Ante las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Valledupar (Cesar) condenó a 5 años 4 meses a Clara Inés Araujo Castillo, exsecretaria general de la Gobernación del Cesar, a Simón Martínez Ubarnez, exsecretario de gobierno del departamento, Alfredo Yesid Pérez Angarita, exsecretario de hacienda y a Carlos Andrés Hinojoza García, interventor.
La determinación se tomó por su responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación en concurso heterogéneo con falsedad ideológica en documento público.
Según la investigación, los hechos se registraron en junio de 2008, tras la firma de un contrato entre la Gobernación del Cesar y la representante legal de un establecimiento de comercio, donde el objeto era la prestación de servicio de alojamiento y alimentación para funcionarios del DAS, por un valor de $13´000.000 millones, quienes desarrollarían labores propias de sus cargos durante la celebración del Festival Vallenato en Valledupar (Cesar).
La Fiscalía pudo evidenciar que la relación contractual se estructuró y liquidó sin que existiera la necesidad de apoyo de los funcionarios, debido a que para la fecha de suscripción del contrato no existió ningún evento que requiriera el desplazamiento de los servidores.
Los elementos materiales probatorios mostraron que los tres exfuncionarios tuvieron participación activa, dos de ellos en la firma del contrato, uno en la solicitud de la necesidad del servicio y el interventor quien dio cuenta del supuesto cumplimento, lo que permitió el pago del mismo.
La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.
EDH/CFG/AAPAF
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
