El material de prueba recaudado por fiscales de la Seccional Cartagena permitió que dos jueces de control de garantías, en procesos separados, impusieran medidas de aseguramiento en centros carcelarios contra dos hombres que, al parecer, participaron en acciones que afectan la seguridad ciudadana en la capital de Bolívar.
El primer caso se relaciona con Juan Carlos Castro Castillo y sucedió el 12 de febrero pasado en el barrio San Pedro. Allí la Policía Nacional escuchó varias detonaciones y al acercarse encontró heridos a los hermanos Sander y Edgar Arteaga Arrieta.
De acuerdo con la investigación, Castro Castillo habría disparado contra las víctimas, siendo retenido por la comunidad para entregarlo a las autoridades. Al momento de la captura al procesado le fue incautada una pistola con tres proveedores y 18 cartuchos.
Un segundo hecho sucedió el 13 de febrero último en el barrio El Socorro. La Policía Nacional durante un patrullaje de rutina, y observando la actitud nerviosa de Faiti Junior Ospino Cortes, decidió detenerlo para una requisa. Durante el procedimiento le fue encontrada un arma de fuego de fabricación hechiza.
También se estableció que Ospino Cortes estaba cobijado por una medida de aseguramiento de detención domiciliaria por hurto.
Los dos procesados fueron imputados, según sus responsabilidades individuales, por delitos como fabricación, tráfico y/o porte de arma de fuego, tentativa de homicidio y fuga de presos.
Castro y Ospino deberán ser trasladados a la cárcel Ternera de Cartagena para cumplir las medidas intramurales que les fueron impuestas.
La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.
MEVA/MAGA/PP
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
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