La Fiscalía General de la Nación, en dos acciones judiciales distintas realizadas en Cundinamarca y Caldas, presentó ante jueces de control de garantías a dos personas señaladas de comercializar ilegalmente animales silvestres.
Iguanas muertas en Caldas
El pasado 28 de enero, en la vereda Santagueda, en Palestina (Caldas), fue interceptado Juan Fernando Osorio Rodríguez, quien llevaba en un costal tres iguanas, dos de ellas muertas.
La Corporación Autónoma Regional de Caldas (Corpocaldas) indicó que los animales presentaban múltiples golpes, fracturas en la cabeza y hemorragias internas. Asimismo, reveló que la iguana viva presentaba un estado crítico producto de golpes recibidos.
Osorio Rodríguez fue imputado por los delitos de maltrato animal agravado y aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables.
Erizos africanos recuperados
En diligencias realizadas de manera articulada con unidades ambientales de la Policía Nacional, fue capturado en situación de flagrancia Víctor Manuel Oviedo García, en la localidad de Bosa, en el suroccidente de Bogotá. El hombre transportaba cuatro erizos africanos, una especie silvestre protegida.
Los animales quedaron a disposición de la Secretaría Distrital de Ambiente para su atención integral. El diagnóstico preliminar indica que los erizos tienen algunas alteraciones en el comportamiento, producto de la falta de ventilación, hidratación y espacio que había en las cajas en las que eran movilizados.
Oviedo García fue imputado por los delitos de aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables y tráfico de fauna.
AMCJ/JARG/MCRC/
La Fiscalía habla con resultados
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
