La procesada, de origen extranjero, no se allanó al cargo que la Fiscalía le imputó por homicidio agravado.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario contra una mujer que presuntamente le provocó la muerte a su propio hijo de 3 meses de nacido.
Por este hecho, ocurrido el 9 de diciembre último en una zona boscosa del corregimiento San Marcos, jurisdicción de Yumbo (Valle del Cauca), un fiscal de la Unidad de Vida – Seccional Cali le imputó a la procesada el delito de homicidio agravado, frente al cual no aceptó su responsabilidad.
Se presume que ese día la mujer llevó a su hijo hasta un pozo con agua y lodo, donde lo habría sumergido provocándole la muerte. Luego al parecer lo dejó oculto en un lugar cercano. El Instituto Nacional de Medicina Legal determinó que la causa del deceso fue asfixia por ahogamiento.
Horas más tarde, la madre reportó a su bebé como desaparecido, pero, de acuerdo con la investigación, supuestamente no supo dar razón de cómo se le había perdido.
Tras la denuncia que realizó el papá por la desaparición del menor, servidores del CTI, en conjunto con unidades de la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos y la Defensa Civil, se desplazaron a Yumbo y adelantaron labores investigativas.
Entrevistas realizadas a habitantes del corregimiento en mención y la inspección del lugar permitieron hallar el cuerpo de la víctima en un lote baldío, el pasado 12 de diciembre.
En esa misma fecha y zona, agentes de la Policía Metropolitana de Cali, bajo la coordinación de la Fiscalía, capturaron a la investigada.
La Fiscalía habla con resultados
JGPV/SEG/DLBM.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
