Otros exfuncionarios de su entonces administración también deberán responder en juicio por estos mismos hechos.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, imputó a la exalcaldesa de Uribia (La Guajira), Cielo Beatriz Redondo Mindiola, como presunta responsable de los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
Junto a la exalcaldesa también fueron imputados algunos funcionarios de su administración (2008 – 2011) y particulares, ellos son: el exjefe de recursos físicos de la Alcaldía de Uribia, Camilo Manuel Polo González; el exsecretario de Gobierno de Uribia, Víctor Manuel Mejía; y la contratista, Dailineth Torres Iguarán.
Los hechos investigados están relacionados con presuntas irregularidades en las fases precontractual, ejecución y liquidación del contrato 053 del 3 de diciembre de 2010, cuyo objeto era el suministro de víveres, alimentos y enseres para atender a la población Wayuu afectada por la temporada de lluvias.
El citado contrato, fijado en casi $50’000.000, buscaba mitigar las necesidades de las comunidades de 21 corregimientos que quedaron incomunicados por vía terrestre, situación que generó una grave afectación para la seguridad alimentaria de niños, madres gestantes y adultos mayores.
Sin embargo, el material de prueba de la Fiscalía da cuenta de posibles anomalías como la elección directa del contratista, sin tener en cuenta los parámetros de la Ley 80 de 1993; no se hizo un censo del número de personas a beneficiar, ni se estableció la cantidad de mercados o los productos que los conformarían. Adicionalmente, se habría certificado el ingreso de las ayudas al almacén de la Alcaldía de Uribia y la posterior entrega de los mercados a las comunidades indígenas, algo que no sucedió.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados
LAGP/JARG/EAC/MRC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
