Las cifras hablan por sí solas. Tras cinco Rutas de Esclarecimiento Itinerante adelantas por la Seccional Quindío en los municipios La Tebaida, Montenegro, Barcelona (Calarcá), Quimbaya y Génova fue posible incrementar el esclarecimiento de delitos que afectan directamente a los ciudadanos.
En el desarrollo de estas actividades se logró que en delitos como el homicidio se alcanzara a un nivel de esclarecimiento del 50%; en hechos relacionados con violencia sexual se llegó al 45% y en violencia intrafamiliar se superó el 60%.
De estas jornadas hicieron parte fiscales, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y funcionarios especializados en recepción de denuncias, quienes atendieron las dudas de 523 personas. Así fue posible acercar la justicia a los ciudadanos en las calles y en los territorios.
Otros de los resultados tienen que ver con 882 actividades investigativas desarrolladas en estas jornadas. En La Tebaida fueron judicializadas 17 personas, en Montenegro 36, en Calarcá 40 y en Quimbaya 31.
Los delitos investigados en estos casos son: concierto para delinquir; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; violencia intrafamiliar; delitos sexuales; extorsión; homicidio y hurto.
De otra parte, el programa de prevención del delito de la Fiscalía General de la Nación, Futuro Colombia adelantó actividades pedagógicas con 340 estudiantes, padres de familia y docentes con los programas ‘Correcto Soy’, ‘Uso de menores en la utilización del delito’, ‘Eso es Cuento’, ‘Trata de personas y Reclutamiento Forzado’.
La Fiscalía General de la Nación en la calle y en los territorios le habla a los quindianos con resultados.
CLCG/MAGA/JHM
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
