La Fiscalía logró que un juez acogiera su solicitud de legalizar la captura y enviar a la cárcel a un hombre que, al parecer, habría cometido delitos sexuales contra una joven de 16 años, que posteriormente terminó suicidándose.
Las investigaciones pudieron establecer que el pasado 5 de septiembre, en la localidad de Amanavén, Vichada, la joven estaba viendo televisión en la casa de una prima cuando el esposo de la misma presuntamente comenzó a hacerle tocamientos indebidos en sus partes íntimas a lo cual la víctima se negó.
Pero más tarde, esa misma noche, habría tratado de accederla sexualmente en la habitación donde se estaba quedando, amenazándola con que si decía algo atentaría contra ella y su familia.
Al otro día la joven le pidió a su prima que la llevara al internado de donde venía, pero fue el presunto agresor quien la transportó por río y en la mitad del recorrido fue al parecer atacada, despojada de sus ropas y accedida sexualmente de manera violenta. Dice la indagación que el hombre le ofreció 50.000 pesos a cambio de su silencio.
El pasado 25 de octubre, ante el juez Primero Promiscuo Municipal con funciones de control de garantías, fue presentado el presunto agresor a quien no le concedieron ningún beneficio y fue enviado a la cárcel por el delito de acceso carnal violento en concurso con acto sexual violento agravado.
Infortunadamente, y ante la presión a la que se vio sometida la víctima, el pasado 2 de octubre decidió terminar con su vida en un hotel de Inírida (Guainía).
El imputado no aceptó los cargos formulados en su contra.
La Fiscalía habla con resultados.
LAZL/CFG/LFRR
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
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