El trabajo articulado de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación, la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional y peritos del CTI permitió la captura y judicialización de 20 presuntos integrantes de una organización delictiva, que estaría involucrada en el lavado de activos por cerca de 1,3 billones de pesos.
La investigación constató que la estructura ilegal, al parecer, contactó a mineros con poca capacidad económica y que no tenían la infraestructura para la extracción de oro, y les ofrecieron el servicio de comercialización.
Con los permisos, la red delincuencial habría adulterado los certificados de origen de oro obtenido ilícitamente el cual registró ante la Agencia Nacional Minera (ANM) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). De esta manera, habrían dado apariencia de legalidad a millonarias exportaciones realizadas a zona franca y Estados Unidos.
El material de prueba da cuenta de que, mediante esta modalidad, fueron enviadas al exterior 8,1 toneladas de oro extraído en minas ubicadas en Antioquia, Chocó, Caldas, Bolívar y Córdoba. Esta actividad, presuntamente, se realizó entre 2015 y 2021.
Los procedimientos de captura se cumplieron en Quibdó (Chocó), Marmato (Caldas), Dosquebradas (Risaralda), y en Bello, San Roque, La Estrella, Caucacia, Rionegro, Yarumal y Medellín (Antioquia). Durante las diligencias fueron incautados $320’000.000 en efectivo.
La Fiscalía imputó a los procesados, según sus responsabilidades individuales, los delitos de lavado de activos, enriquecimiento Ilícito de particulares y concierto para delinquir.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
MAGA/MB/JARG/MRC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
