Ante un juez de control de garantías la Fiscalía General de la Nación judicializó a seis presuntos integrantes del grupo delictivo ‘Los Ratones’, dedicado a la comercialización de estupefacientes.
Se trata de Carlos Humberto Molina Monsalve, alias Ratón; Sirley Alvarez Lenis, alias La Ratona; Sandra Milena Vélez Restrepo, alias Sandra; Duberney Díaz Castañeda, alias Duberney; Oscar Eduardo Chiquito, alias Chiquito y Carlos Andrés Castañeda Orozco, alias Carlitos.
Labores de policía judicial evidenciaron cómo este grupo de delincuencial ubicaba expendedores de narcóticos en sitios estratégicos de los barrios El Lázaro, Chanco y Zona Centro de Toro; también hacían entregas de narcóticos a domicilio.
Los imputados fueron capturados en diligencias de registro y allanamiento realizadas por la Sijin de la Policía Nacional. En estas acciones fueron incautadas dos revólveres, 12 cartuchos calibre 38; estupefacientes y dos teléfonos celulares y cerca de cinco millones de pesos en efectivo.
La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir con fines de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes; así como fabricación, tráfico y porte o tenencia de armas de fuego, municiones y accesorios.
Por determinación del juez, deben cumplir la medida de aseguramiento bajo detención domiciliaria. En las mismas diligencias fueron capturadas en flagrancia otras dos personas.
José Arley Blandón Pérez deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario, capturado en flagrancia con un arma de fuego sin el permiso correspondiente. Cristian Alberto Vélez deberá comparecer ante las autoridades, en libertad.
La Fiscalía habla con resultados
MAP/MAGA/SMLR
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
