Ante el juez promiscuo de El Charco (Nariño), con funciones de control de garantías, un fiscal seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública le imputó cargos a Bermarys Candelo Suárez, hermana del alcalde electo de El Charco (Nariño), Víctor Candelo Reina (ya judicializado), como presunta responsable del delito falsedad material en documento público en concurso sucesivo y homogéneo, por cuatro eventos.

Los hechos en los que estaría implicada la procesada se relacionan con la firma del contrato MC-002-2020, en marzo de 2020, que tenía por objeto el suministro de elementos de ferretería “para el mejoramiento de la red de alcantarillado del municipio por un valor de $23.226.684”.

En esa fecha, el alcalde Víctor Candelo, procesado por estos hechos, realizó la publicación de estudios previos e invitación pública para contratar dicho servicio al menor precio; sin embargo, se evidenció que este habría sido adjudicado de manera directa a una persona que no podía suscribirlo por ser funcionario público de la Secretaría de Educación Departamental.

La investigación da cuenta de que la procesada compareció el 24 de febrero de 2020 ante la Cámara de Comercio de Tumaco (Nariño), donde presuntamente falsificó la firma del docente que aparece en la celebración del contrato, para crear una empresa a su nombre, y beneficiarse con la adjudicación del mismo.

Por tales irregularidades detectadas el alcalde de El Charco, Víctor Candelo Suárez, y el exsecretario de Obras Públicas, Jefferson Segura Moreno, que fungía como alcalde encargado, están privados de la libertad.

Durante las audiencias concentradas, Bermarys Candelo Suárez no aceptó los cargos.

Esta información se publica por razones de interés general.

La Fiscalía habla con resultados.

JGPV/LV/DLBM.

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004. 

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