Luego de acoger los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado Promiscuo Municipal de Santa Rosa de Osos (Antioquia), impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Eduar Alexànder Pèrez Rojo, como presunto responsable de homicidio, tentativa de feminicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal.
Los hechos investigados ocurrieron la madrugada del 2 de octubre de este año en la finca La Rochela, vereda Las Ánimas del municipio de Santa Rosa de Osos, norte antioqueño, donde las autoridades realizaron la inspección técnica al cadáver de Carlos Mario Arteaga Acosta, el cual presentaba dos heridas producidas por arma de fuego.
Momentos después, los investigadores de Cuerpo Técnico de Investigación establecieron que en el hospital de la citada población se encontraba lesionada, también por arma de fuego, Paula Andrea Fernández Posada, quien fue remitida al centro asistencial desde la misma finca donde se encontró el occiso. La víctima presentaba 5 heridas de bala.
De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Antioquia, el ataque armado lo habría perpetrado Pérez Rojas, expareja sentimental de la mujer, motivado por los celos.
Los investigadores establecieron que el presunto agresor, de 33 años de edad, sería una persona celosa, obsesiva y controladora, y que habría violentado físicamente a su excompañera afectiva durante el tiempo que convivieron juntos.
El investigado fue capturado este 27 de octubre por servidores del CTI y no se allanó a los cargos imputados.
LFML/MR/FAGH
La Fiscalía habla con resultados
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004
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