Una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata de Neiva logró que un juez con función de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro de reclusión en contra de Óscar Mauricio Parra Salazar, señalado de hurtar pertenencias de un apartamento el pasado 19 de octubre en el barrio La Toma de Neiva (Huila).

El imputado fue detenido en un vehículo al parecer hurtado, tras haber sustraído de una residencia 30 millones de pesos, entre otros elelentos. Portaba una licencia de conducción falsa y una pistola traumática.

Por su presunta responsabilidad en estos hechos la Fiscalía lo imputó por los delitos de hurto calificado y agravado en concurso heterogéneo con receptación agravada y uso de documento público falso agravado, por los que no aceptó su responsabilidad.   

Según se estableció, el hombre habría ingresado junto con una mujer a una vivienda a realizar una reparación en la cocina. Luego  presuntamente abordó a la víctima, de 81 años de edad, de manera violenta y se apoderó de 30 millones de pesos producto de la venta de café, un reloj y un celular.

Una vez alertada, la Policía Nacional puso en marcha un plan candado que permitió localizar al hoy judicializado en el barrio Las Palmas de Neiva (Huila), cuando iba conduciendo un automóvil, al parecer objeto de hurto. Al pedirle la licencia de tránsito mostró una falsa.

Ante la solicitud de la Fiscalía, el juez competente decretó legal la incautación del vehículo con fines de comiso, de dos celulares, un arma traumática tipo pistola con 10 proyectiles de goma y la licencia de tránsito falsa, elementos incautados al momento de la captura.

La Fiscalía habla con resultados.   

LMGM/CFG/EAP

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

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