Las diligencias pusieron en evidencia la caza indiscriminada de fauna protegida, actividades ilegales de minería en zona de reserva natural, deforestación para ganadería extensiva y construcciones ilegales.
La Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía lideró una ofensiva contra las conductas que afectan los recursos naturales en el país, logrando la judicialización de 15 personas. Las acciones operativas se realizaron de manera articulada entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía y el Ejército Nacional.
- Invasión en área protegida de Cartagena (Bolívar)
La diligencia judicial por parte de funcionarios del CTI dejó en evidencia la grave afectación a los ecosistemas marinos en el área protegida del Parque Nacional Los Corales del Rosario y San Bernardo, ubicado al suroeste de Cartagena (Bolívar), ocasionada por la presunta construcción ilegal de estructuras utilizadas para la industria hotelera.
Tres personas fueron detenidas y presentadas ante un juez de control de garantías por su posible responsabilidad en daño a los recursos naturales.
- Tráfico y comercialización ilegal de tortugas marinas en La Guajira
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez impuso medida privativa de la libertad en establecimiento carcelario para cinco personas señaladas de integrar una red criminal que al parecer promovía el tráfico indiscriminado de tortugas marinas, transportándolas desde el Cabo de la Vela hasta Maicao (La Guajira) en condiciones precarias, lo que provocaba la muerte de algunos de estos animales durante el recorrido.
Entre los procesados estaría el presunto cabecilla y financiador de la actividad ilegal, identificado como Carlos Manuel Calderón Rodríguez. La Fiscalía imputó a los detenidos los delitos de concierto para delinquir agravado e ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables.
Durante las diligencias de captura fueron recuperadas 41 tortugas marinas, 11 de ellas ya estaban muertas, aparentemente por el maltrato al que habrían sido sometidas.
- Socavón ilegal que afectaba reserva forestal en el sur de Bolívar
En otro resultado, investigadores del CTI de la Fiscalía, con apoyo de la Policía Nacional capturaron a seis personas que al parecer extraían oro, en la modalidad de cielo abierto en el sur de Bolívar.
En el lugar se constató una grave afectación en más de 30 hectáreas de bosque natural de la zona de reserva forestal y otros efectos irreversibles como la contaminación de fuentes hídricas que alimentan el acueducto de los pobladores.
Ninguno de los detenidos aceptó su responsabilidad en los delitos que la Fiscalía les endilgó por concierto para delinquir, daño ambiental y explotación ilícita de minerales.
- Medidas cautelares por deforestación en la Amazonía
Los argumentos presentados por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos fueron contundentes para que juez de garantías prohibiera el ingreso al Parque Nacional Natural Tinigua a uno de los ganaderos que estaría involucrado en la deforestación de bosques para actividades de su gremio.
Asimismo, al hombre identificado como Olaín Cometa Garzón le fue impuesta como medida cautelar, la orden de sacar en menos de 90 días, 324 cabezas de ganado que tiene en el área de protección.
- Frente de extracción ilegal de oro que pertenecería al ‘Clan del Golfo’
En un trabajo articulado con la Policía Nacional, la Fiscalía intervino un gigantesco frente de minería ilegal en el Cáceres (Antioquia) que estaría al servicio del grupo armado Clan del Golfo.
Allí se constató el funcionamiento de varios yacimientos ilícitos y el vertimiento indiscriminado de sustancias tóxicas en la quebrada Los Corrales.
Durante el operativo fueron destruidas cuatro retroexcavadoras y un motor avaluados en $1.400.000.000 aproximadamente.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.
LMBG/DLBM/MRC/DJR/DECVDH.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
