La víctima se encuentra en un hogar de paso como medida para reestablecer sus derechos.
Una Fiscal de la Seccional Boyacá judicializó a un hombre de 45 años de edad, presuntamente, responsable de abusos sexuales contra la hija de su compañera sentimental.
Este caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación por la mamá de la víctima, quien se percató de lo sucedido el 24 de diciembre de 2016, época para la cual la niña tenía cinco años de edad.
Las amenazas a las que la denunciante fue sometida por el procesado hicieron que la mujer intentara retractarse de lo dicho afirmando no estar segura de lo visto. A pesar de estos la Fiscalía continuó con las indagaciones.
Durante el tiempo en que se cumplieron las investigaciones fue posible determinar que el implicado obligó a toda la familia a cambiarse varias veces de residencia. Al parecer, durante dos años las agresiones contra la menor continuaron.
Estas acciones hicieron que mamá de la menor, a pesar del temor causado por el presunto abusador, acudiera de nuevo a la Fiscalía y contara por menores de lo sucedido. Al miedo causado en la madre de la víctima, el implicado habría sumado el cambio de identidad para así evadir la acción de las autoridades.
Por estos hechos la Fiscalía imputó a esta persona como presunto responsable de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en concurso con actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravados. Ninguno de los cargos fue aceptado por el implicado.
Como parte del proceso de restablecimiento de los derechos de la menor abusada, esta fue llevada a un hogar de paso.
La Fiscalía habla con resultados
MRB/MAGA/MEC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
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