La Fiscalía General de la Nación detectó presuntos actos de corrupción en la adjudicación del convenio interadministrativo No. 255 de 2019, por medio del cual se estableció el mejoramiento del espacio público en la plaza de Fontibón y la malla vial colindante, en el occidente de Bogotá.

El convenio, suscrito entre el Fondo de Desarrollo de la Alcaldía Local y el Sistema Universitario del Eje Cafetero (SUEJE), ascendió en valor a 20.000 millones de pesos.  En las investigaciones se constató que se habría vulnerado el principio de planeación, en el entendido de que no hubo licitación pública y se realizó un proceso interadministrativo, de apenas 20 días, que no estaba avalado por la ley.

Asimismo, hay indicios de que, supuestamente, hubo un direccionamiento indebido del convenio. Fue adjudicado a una entidad que, al parecer, no tenía la capacidad técnica ni experiencia para ejecutar las obras.

Respecto al manejo de los recursos, se estableció que la administración local, sin aparente justificación, planteó la entrega de un anticipo de 50% del valor del contrato. Finalmente, el convenio fue liquidado por mutuo acuerdo sin que las adecuaciones se hubieran terminado.

Por estos hechos, un fiscal de Administración Pública de la Seccional Bogotá imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos a la exalcaldesa de Fontibón, Johanna Paola Bocanegra Olaya, y a cuatro sus excolaboradores, ellos son: José Alberto Jerez Reyes, Narda Consuelo Perilla Alonso, Rutder Esneider Ladino Navarro y Diego Mauricio Arias Arango.

Los cargos no fueron aceptados por los procesados.

Esta información se publica por razones de interés general.

La Fiscalía habla con resultados.

LAGP/JARG/EAC/MRC

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.