Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado 6 Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Deivis Yobani Parra Arroyave, como presunto responsable de exigirle dinero a una mujer de 71 años.

Presunto responsable de extorsionar a una mujer de la tercera edad.

Los hechos investigados ocurrieron el pasado 2 de junio, en el vecino municipio de Itagüí (Antioquia), donde el hoy procesado en compañía de dos personas al parecer llegaron a la casa de la víctima y le preguntaron por su hermano, quien desapareció hace más de 4 años. Cuando la mujer manifestó no tener conocimiento sobre el paradero de su familiar, uno de los hombres la amenazó y le dijo que él le debía 32 millones de pesos.

Los extorsionistas le exigen a la mujer que en 15 días tenía que pagarles la suma de 80 millones de pesos, a cambio de dejarla vivir en su propia casa.

Este viernes 18 de junio en la vivienda de la mujer, Parra Arroyave fue capturado por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y su componente militar, luego de al parecer recibió un adelanto de 10 millones de pesos.  Al hombre le fue incautada una motocicleta con fines de comiso.

Parra Arroyave no aceptó los cargos imputados por un fiscal destacado ante el Gaula militar por el delito de tentativa de extorsión agravada.

El procesado presenta antecedentes judiciales por el delito de concierto para delinquir con fines terroristas.

La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.

NAMT/GV/MG

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.