Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado Segundo Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de un hombre, albañil de oficio, como presunto responsable del delito de violencia intrafamiliar agravada en concurso homogéneo y sucesivo.

De acuerdo con la información obtenida por los investigadores, la pareja convivió durante un año y medio, y actualmente tienen una hija en común de 14 meses de nacida, que al parecer el procesado no reconoció.

Se presume que durante ese tiempo la mujer habría sido víctima de violencia física y sicológica, pues al parecer en algunas ocasiones la amenazó de muerte.

Según la denuncia instaurada por la mujer, el pasado 10 de mayo, en el Barrio Manrique de Medellín (Antioquia), el presunto agresor supuestamente la golpeó con un tubo. Además, habría agredido a la niña y a una familiar suya que se encontraba presente.

La mujer, quien fue remitida a un centro asistencial le dieron una incapacidad durante 15 días por las lesiones recibidas.

Dos días después, el investigado supuestamente llamó a la mamá de la víctima, y bajo amenazas de muerte la habría obligado a entregarle la menor que estaba bajo su cuidado.

Además, se evidenció que el hombre al parecer maltrataba a la hija, de 4 años, de su ex pareja sentimental, se presume que en una ocasión la metió en agua y luego la golpeó.

El procesado de 25 años, no aceptó los cargos imputados por un fiscal del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar. 

NAMT/EV/MG

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.