Un juez de control de garantías de Santa Marta (Magdalena) impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra tres personas quienes estarían implicadas en hurtos y extorsiones bajo la modalidad denominada sexting.
Se trata de dos mujeres trans y una mujer, reconocidas como Priscila, Yuberlis y Diana, respectivamente. Las tres serían integrantes de la banda delincuencial ‘Las Garras’ quienes, presuntamente, instrumentalizaban la orientación sexual de las víctimas para cometer delitos en su contra.
Las procesadas, al parecer, contactaban clientes a través de video llamadas, en el transcurso de las cuales fotografiaban a las víctimas para luego amenazarlos con divulgar sus rostros en redes sociales; acciones que, según el material probatorio, únicamente serían evitadas mediante el pago de sumas de hasta 500 mil pesos.
También se conoció que las investigadas habrían despojado de sus pertenencias a personas que los buscaban para tener encuentros sexuales presenciales.
Otras pruebas en poder de la Fiscalía General dan cuenta de que las capturadas hacían exigencias económicas a trabajadoras sexuales de determinadas zonas de Santa Marta para dejarlas ejercer su oficio en dichos lugares.
Por estos hechos la Fiscalía imputó a las procesadas como presuntas responsables de delitos como concierto para delinquir agravado; hurto calificado y agravado en concurso homogéneo y sucesivo con extorsión agravada. Ninguno de los cargos fue aceptado por las implicadas.
Los procedimientos de captura estuvieron a cargo de personal del Gaula de la Policía Nacional, y se concretaron en Apartadó (Antioquia), Santa Marta (Magdalena) y Barranquilla (Atlántico), en cumplimiento de órdenes judiciales.
La Fiscalía habla con resultados.
SKCR/MAGA/JDPM/MN/MCRC/
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
