Al acoger los argumentos de la Fiscalía, el juez 7º penal municipal de Cali, con función de control de garantías, impuso medida de aseguramiento intramuros en contra de José Iver Arboleda, desmovilizado de las extintas Farc, y Wilmar Corrales Garcés, alias el Flaco, presunto cabecilla de las disidencias ‘Jaime Martínez’, por su presunta responsabilidad en el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones de uso restringido de las Fuerzas Armadas o explosivos agravado.
La captura de los dos investigados se efectuó el pasado 20 de mayo en el sector de Bocas de Ají, cuenca del río Naya, en jurisdicción de Buenaventura (Valle del Cauca), por parte unidades de la Armada Nacional, quienes interceptaron la embarcación en la que se transportaban.
Al revisar una bodega de la lancha, las autoridades encontraron un costal con 134 cartuchos calibre 7.62 por 51 milímetros; 55 cartuchos calibre 7.62 por 39 milímetros; 5 cartuchos calibre 5.56; y un motor.
La embarcación fue remolcada hasta el puerto de Buenaventura y los dos hombres fueron puestos a disposición de agentes de la Sijín de la Policía.
Se conoció que alias el Flaco, para el año 2019, al parecer fungía como cabecilla del disidente frente Rafael Aguilera, que operaba en el río Raposo, Cajambre y Yurumanguí.
En esa zona del Pacífico, el grupo armado al que pertenecería Corrales Garcés se disputa el territorio con bandas de delincuencia común, para el control de las redes de narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.
Durante las audiencias concentradas, ninguno de los procesados aceptó su responsabilidad en el delito endilgado.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
JGPV/ DP/ DLBM.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
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