La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, logró la judicialización de Otto Yesid Escamilla Suárez, alias Otto, Junior o El Flaco, presunto integrante de la comisión de finanzas del Frente de Guerra Oriental del ELN.
Según la investigación, alias Otto, al parecer, sostenía alianzas para el tráfico de estupefacientes con redes narcotraficante y productores de clorhidrato de cocaína de la región del Catatumbo (Norte de Santander). Con su actuar criminal, supuestamente, financiaba a las diferentes estructuras armadas del ELN en Arauca y Norte de Santander.
La evidencia obtenida permitió establecer que Escamilla Suárez sería uno de los hombres de confianza de alias Negro Sardino, segundo cabecilla del Frente Domingo Laín Sáenz del ELN, quien lo habría designado para reunirse con los integrantes del denominado estado mayor del grupo ilegal para enterarlos sobre el manejo de las finanzas ilícitas en zona de frontera con Venezuela.
Gracias al trabajo coordinado de la Fiscalía y la Policía Nacional, alias Otto o Junior fue capturado en Bucaramanga (Santander), a donde, presuntamente, llegó hace algunos días para concretar alianzas narcotraficantes. En la diligencia le fue incautado un celular que tendría información relevante para el curso de la investigación.
La Fiscalía imputó al detenido el delito de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y fabricación, tráfico o porte de estupefacintes. Ante la contundencia de los elementos de prueba, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
La Fiscalía pública esta información por razones de interés general.
LMBG/JARG/DECOC
La Fiscalía habla con resultados.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
