Ante un juzgado con función de control de garantías de Pereira, un fiscal de la Seccional Risaralda formuló cargos contra tres exfuncionarios de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder) y un contratista, presuntamente, responsables del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso heterogéneo con peculado por apropiación.
Los implicados estaban vinculados como funcionarios de la entidad durante 2015. Se trata de Juan Manuel Álvarez Villegas, director general de la entidad; Gabriel Antonio Penilla Sánchez, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica; y Epifanio Marín, subdirector de Gestión Ambiental Territorial. Finalmente, fue vinculado el contratista José Jairo Torres Castaño, representante legal de Publicidad Metropolitana S.A.S.
La investigación está relacionada con presuntas irregularidades ocurridas en 2015 durante la celebración de un contrato de prestación de servicios para el diseño y elaboración de 40.000 cuadernillos.
El valor del contrato fue de 158 millones de pesos y, al parecer, fue tramitado incumpliendo los requisitos legales esenciales. Esto, se presume, habría facilitado la apropiación indebida de más de 57 millones de pesos a favor de un tercero.
Ninguno de los imputados aceptó su responsabilidad en los cargos. Por decisión del juez de control de garantías ninguno de los procesados fue cobijado con medida de aseguramiento, pero seguirán vinculados al proceso.
La Fiscalía habla con resultados.
CLCG/MAGA/JHM
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
