Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Tolima logró la judicialización de Jhonatan Fabián Urrea Rodríguez, alias Once; y de Andrés Felipe Cabrera Rubiano, alias Cabra. Los dos fueron privados de la libertad en centro carcelario como, presuntos responsables de dos homicidios, ocurridos en hechos aislados.
Urrea Rodríguez fue imputado como supuesto responsable del delito de homicidio agravado. Estos hechos ocurrieron el 10 de octubre del año 2020 en La Ciudadela Simón Bolívar de Ibagué. Allí, el implicado habría atacado con arma blanca a Carlos Arias González. El cargo imputado no fue aceptado por el implicado.
Cabrera Rubiano, alias Cabra, fue imputado porque, al parecer, sería responsable de los punibles de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y fabricación tráfico y porte de armas de fuego.
Los hechos que lo involucran se relacionan con el ataque, bajo la modalidad de sicariato, contra unos jóvenes. Los hechos ocurrieron en el parque del barrio Danubio de Ibagué (Tolima), el 2 de febrero de 2021. Entre las víctimas está una adolescente de 16 años de edad quien resultó gravemente herida.
La víctima fatal fue identificada como Carlos Martín Morales Vaquero, de 18 años de edad, quien murió en un centro asistencial días después del ataque. Según las investigaciones preliminares, se trataría de un ajuste de cuentas por temas relacionados con microtráfico de drogas al sur de la ciudad.
Las dos personas implicadas en los hechos descritos permanecen en la Cárcel Coiba Picaleña de Ibagué a la espera de que les sea resuelta su situación jurídica.
La Fiscalía habla con resultados.
PAAM/MAGA/MCA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
