Este hombre estaba en el cartel de los más buscados en Antioquia, y también habría participado en el asesinato de 5 personas más en el municipio de Andes.
Las acciones investigativas de la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario contra José Norbey Campos Córdoba, alias Tolima, presunto integrante de la organización criminal Clan del Golfo, por su posible responsabilidad en el triple homicidio perpetrado el pasado 10 de enero en Betania (Antioquia).
El hombre de 35 años, que se encontraba en el cartel de los más buscados en ese departamento, fue detenido en el municipio de Hobo (Huila), donde la Policía Nacional adelantaba labores de verificación de antecedentes.
Alias Tolima tenía dos órdenes judiciales en su contra: la primera por este homicidio múltiple de dos hombres y una mujer en el sector La Cuarenta de Betania, y la segunda, por su presunta participación en el asesinato de 5 personas más en una finca de Andes (Antioquia), ocurrido en febrero último.
Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación le imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego, accesorios, partes o municiones.
Estos resultados hacen parte de la estrategia de priorización para dar con los responsables y lograr el pleno esclarecimiento de los homicidios múltiples, definida por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en el Direccionamiento Estratégico 2020 – 2024.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.
AMCJ/DLBM/MRC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
