Ante el Juzgado Promiscuo Municipal de la Paz (Cesar) la Fiscalía General de la Nación imputó a Ledys María Granados Salazar, como presunta responsable de los delitos de fabricación o porte de estupefacientes, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, y pidió medida restrictiva de la libertad en centro de reclusión para la mujer.
La captura de Granados se logró gracias al trabajo conjunto adelantado entre integrantes del CTI y el Ejercitito Nacional cuando se encontraba en una residencia del barrio Villa Dariana de Valledupar (Cesar).
Al momento de su detención la implicada intentó distraer la atención de las autoridades para proteger una caleta en la que fue encontrados 6 Kilogramos de sustancias estupefacientes, 3 kilogramos de cocaína de alta pureza, 3 kilogramos de marihuana un revolver, 6 cartuchos calibre 38, y 27 millones de pesos en efectivo producto, al parecer, de la venta ilícita del alcaloide.
De acuerdo a las investigaciones adelantadas la procesada sería la responsable del tráfico de estupefacientes al interior de varios centros carcelarios del Cesar.
Por decisión del juez la implicada fue cobijada con medida de aseguramiento de detención domiciliaria. Esta determinación fue apelada por la Fiscalía.
Las acciones de la Fiscalía hacen parte de la estrategia investigativa para combatir los fenómenos delictivos que afectan la seguridad ciudadana, tal como lo dispone el Direccionamiento Estratégico 2020-2024 liderado por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado.
La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.
EDH/MAGA/AAPF
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
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