En audiencias concentradas ante el Juzgado 4 Penal Municipal con función de control de garantías de Pereira, un fiscal de la Seccional Risaralda imputó a Juan Carlos Espitia Bedoya, alias ‘El Nene’, como presunto responsable de los delitos de extorsión agravada, uso de menores de edad para la comisión de delitos, desplazamiento forzado, homicidio agravado, porte ilegal de armas y concierto para delinquir. Ninguno de los cargos fue aceptado por el implicado.

Los hechos que se investigan ocurrieron entre los años 2017 y 2018 en la comuna de Villa Santana en Pereira (Risaralda) cuando, al parecer, Espitia Bedoya en compañía de otras personas habrían incurrido en cobros extorsivos, siendo las víctimas los residentes del sector.

Se presume que quienes se negaban a cumplir las exigencias eran lesionados, desplazados de su domicilio o asesinados.  Estos precisamente serían los casos de Elkin Salamanca y Néstor Ocampo, este último asesinado en julio de 2017.

Al parecer, el hoy imputado era integrante de la organización delincuencial Los Isleños, desarticulada en 2018. En dicha banda el implicado, en compañía de otras personas, ya condenadas, habría incurrido en viarios delitos que afectaban la seguridad ciudadana.

Por solicitud del fiscal del caso, el juez otorgó la medida de aseguramiento en centro carcelario para el implicado.

Estos resultados se enmarcan en el Direccionamiento Estratégico del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para quien es una prioridad judicializar a quienes cometen delitos que afectan la seguridad ciudadana.

La Fiscalía publica esta información por considerarla de interés general.

CLCG/MAGA/JHM

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.