Ante el juzgado promiscuo municipal de Belén de los Andaquíes (Caquetá) se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura de Yerman Stiven Torres Sabala, detenido el sábado 6 de marzo en Curillo (Caquetá), en cumplimiento de una orden judicial, como presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir en concurso heterogéneo con hurto calificado.
Al término de las audiencias preliminares el fiscal del caso solicitó medida de aseguramiento en centro de reclusión de manera preventiva, petición que fue avalada por el funcionario judicial.
Los hechos motivo de esta decisión ocurrieron porque, al parecer, el implicado estaría al servicio de una organización delincuencial denominada Los Haladores, dedicada al hurto de motocicletas en Florencia (Caquetá).
Según se conoció en la investigación, Torres Sabala sería el encargado de comprar las motocicletas hurtadas y trasladarlas a municipios de Caquetá como Curillo y San Vicente del Caguán para su respectiva comercialización ilícita.
El fiscal adscrito al grupo de Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Caquetá, con el apoyo de la policía judicial, identificó a ocho personas que integrarían el grupo Los Haladores. Siete de sus presuntos integrantes fueron detenidos en septiembre del año pasado y cobijados con medida de aseguramiento quedando pendiente la captura de Torres Sabala.
La judicialización de todos los miembros de Los Haladores se da en el marco del Direccionamiento Estratégico 2020-2024 del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para quien la seguridad ciudadana es una prioridad.
La Fiscalía publica esta información por razones de interés general.
PAAM/MAGA/SP
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
