Perseguir el patrimonio de las estructuras de crimen y de las organizaciones que afectan la seguridad ciudadana es una prioridad definida por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en el Direccionamiento Estratégico 2020 – 2024.

En ese sentido, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, dentro de la estrategia denominada ‘Plan de choque 100 días’ impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre cinco inmuebles y un vehículo, avaluados en más de 300 millones de pesos, que pertenecerían o habrían sido usados por cabecillas e integrantes de redes de narcomenudeo que delinquen en los barrios La Juventud y El Regadero de Bucaramanga; Belencito y Palmeras de Floridablanca; y El Mirador de Arenales de Girón (Santander).

Las investigaciones evidenciaron que estos inmuebles y un vehículo fueron destinados al almacenamiento, dosificación, empaque, comercialización en pequeñas cantidades y transporte de estupefacientes como bazuco, marihuana y cocaína.

Muchos de los dueños habrían fallado en el control y vigilancia que deben ejercer sobre sus bienes; mientras que algunos de los arrendatarios o residentes, al parecer, convirtieron viviendas en las denominadas ‘ollas’ o expendios, o desde allí coordinaron la distribución de las sustancias ilícitas, muchas veces mediante la instrumentalización de menores de edad.

Los bienes afectados quedaron a disposición de la Sociedad de activos Especiales (SAE).

MAGA/PSY/JARG/ 

La Fiscalía habla con resultados.

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.