Con la captura y judicialización de 3 personas fue desarticulado el grupo delincuencial GDCO Los Masters quienes, al parecer, mediante modalidad carcelaria estarían extorsionando a varios residentes de las localidades de Vistahermosa, Granada y El Castillo (Meta).
Se trata de Jeison Javier Monsalve Martínez, Jeny Paola Rojas Morales y Duvan Agudelo Herrera. Según investigación, coordinada por la Fiscalía 18 Gaula Ariari, desde 2017 las víctimas vendrían recibieron llamadas hechas desde centros carcelarios en las cuales los extorsionistas afirmaban pertenecer a grupos armados ilegales.
Las exigencias eran hechas para que aportaran dinero a las referidas organizaciones ilegales para poder adquirir elementos de guerra, medicamentos. De no acceder a dichas exigencias las víctimas serían declarados objetivo militar.
Los procesados fueron capturados por personal del Grupo Gaula de la Policía en cumplimiento de una orden judicial, apoyados por el Gaula Militar Ariari.
Las implicados fueron presentados para su judicialización ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Vistahermosa (Meta). Allí la Fiscalía imputó cargos contra los detenidos como presuntos responsables de los delitos de extorsión agravada y utilización ilícita de redes de comunicación. Los cargos fueron aceptados por dos de los capturados.
El juez del caso ordenó medida privativa de la libertad consistente en detención domiciliaria para los tres ciudadanos.
Esta judicialización fue realizada siguiendo el Direccionamiento Estratégico 2020 -2024 establecido por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para quien la protección del patrimonio ciudadano es una prioridad.
La Fiscalía publica esta información por razones de interés general.
PYMP/MAGA/DPEV
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
