Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado Segundo Penal Ambulante de Cúcuta (Norte de Santander) impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Luis Bertulfo Carvajal, alias 12, señalado de ser el cabecilla de una subestructura del Clan del Golfo responsable de homicidios y otras acciones delictivas en el municipio en mención.
Los elementos de prueba permitieron conocer que esta persona sería la responsable de tres homicidios ocurridos en Cúcuta y su área metropolitana en el último año. Las víctimas de estos hechos son: Edwin Alonso Vargas Ortega y Damaso Manuel Amaris, asesinados en febrero de 2020; y una mujer sin identificar cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 17 de febrero en Puerto Santander.
En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a alias 12, los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. El procesado no aceptó los cargos.
Alias 12 fue capturado por unidades de la Policía Nacional en San Cayetano (Norte de Santander).
Estas acciones investigativas son el resultado de las políticas trazadas por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en la estrategia de lucha contra los grupos criminales que afectan la seguridad del departamento de Norte de Santander.
La Fiscalía General hace pública esta información por razones de interés general.
MPHA/JARG/JEGT/MG
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
