Un juez penal para adolescentes dictó medida de internamiento preventivo en contra de un menor de edad, a quien la Fiscalía le imputó cargos como presunto responsable del delito de fabricación, tráfico y porte de armas o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos agravado, en concurso homogéneo con fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, accesorios, partes y municiones.
El menor fue aprehendido en flagrancia el pasado 23 de febrero en un sector del barrio Las Brisas de Buenaventura (Valle del Cauca), durante operativos de registro y control por parte de agentes de la Policía Nacional con apoyo de unidades de Fuerzas Especiales del Ejército e infantes de marina de la Armada Nacional.
Las autoridades hallaron en poder del adolescente un revólver calibre 38 Special Colt; un revólver calibre 38 Llama Martial, 12 cartuchos calibre 38 Special y 17 cartuchos calibre 5.56. Una de las armas tenía tres cartuchos percutidos.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, las armas pertenecerían a miembros de la banda delincuencial La Local.
Durante las audiencias concentradas, el presunto infractor se allanó a cargos.
Las armas están siendo sometidas a análisis forense de balística para establecer si han sido utilizadas para cometer algún homicidio en Buenaventura.
Estos resultados responden a la estrategia investigativa para contrarrestar los fenómenos delictivos que afectan la seguridad ciudadana, desarrollada bajo el Direccionamiento Estratégico trazado por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado.
Esta información se publica por razone de interés general.
La Fiscalía General de la Nación habla con resultados
JGPV/FV/DLBM.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.