Junto con el investigado fue capturada su compañera sentimental y una mujer más, quienes también habrían participado en los delitos.
Un juez de control de garantías de Tunja (Boyacá) legalizó la captura de tres personas a quienes una fiscal de la Seccional Boyacá señala como presuntas responsables de delitos como: concierto para delinquir, estafa agravada, captación masiva y habitual de dinero, emisión y transferencia ilegal de cheques, y simulación de investidura o cargo, según sus responsabilidades individuales.
Se trata de Juan Carlos Rodríguez Arias, alias El Mayor; Yulieth Astrid Triviño Bermúdez y María Slirrlis Aguazaco Tobo, detenidos por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. Los operativos de captura se cumplieron de manera paralela en Lérida (Tolima) y Bogotá.
Los procesados, al parecer, se habrían apropiado de cerca de 600 millones de pesos de, al menos, 34 personas.
El caso
Labores de la policía judicial CTI de Boyacá evidencian cómo Rodríguez, su compañera sentimental Yulieth Astrid Triviño, y María Slirrlis Aguazaco se habrían ganado la confianza de las víctimas afirmando ser altos directivos y accionistas de una empresa de transportes, y una importadora y comercializadora, que ellos mismos crearon para dar apariencia de legalidad.
Según la información recaudada, los tres detenidos presuntamente ubicaban víctimas en municipios de Antioquia, Valle del Cauca, Boyacá y Bogotá para proponerles hacerse parte de un negocio de importación de 100 camionetas listas para trabajar en petroleras.
Según las denuncias recibidas durante la investigación, las víctimas debían aportar 15 millones de pesos como cuota inicial para la compra de los vehículos, que nunca fueron adquiridos por los hoy capturados y por consiguiente tampoco fueron entregados a los afectados.
La Fiscalía publica esta información por razones de interés general.
MRB/MAGA/SCM/MRC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
