Javier Julián López Loaiza y Juan Daniel Bermúdez fueron imputados por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Caldas por los delitos de secuestro simple agravado en concurso heterogéneo con hurto calificado y agravado.
Los hombres fueron capturados en flagrancia, luego de que al parecer mantuvieron retenida a una adulta mayor dentro de su casa en Neira (Caldas) durante 30 minutos para hurtarle.
En las audiencias los investigados aceptaron los cargos y un juez los cobijó con medida de aseguramiento consistente en detención intramuros, a petición del ente acusador.
La víctima, de 79 años, denunció que ella estaba haciendo aseo en su casa, por lo que había dejado la puerta abierta. Fue entonces cuando ingresaron dos hombres que le pidieron una moneda y, cuando ella accedió y fue por el dinero, estos supuestamente la amenazaron con un arma blanca. Posteriormente, entraron a un cuarto y habrían amarrado a la mujer, además de meterle trapos a la boca para que no gritara; también, le pusieron una cobija en la cabeza y la tiraron a una cama.
Se presume que López Loaiza y Bermúdez la amenazaron de muerte y le preguntaron insistentemente dónde estaba el dinero. Después de media hora,
finalmente los asaltantes hallaron $4’400.000 en un armario.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios, los hombres con el botín en su poder soltaron a la víctima y huyeron. Enseguida la adulta mayor salió al balcón a pedir auxilio.
En cumplimiento de los lineamientos del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, la Seccional Caldas desarrolla estrategias investigativas para contrarrestar los delitos que afectan la seguridad ciudadana.
La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.
JLH/RL/DLBM.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
