Por solicitud de la Seccional Risaralda de la Fiscalía, un juez con función de control de garantías ordenó privar de la libertad en centro carcelario a cuatro presuntos integrantes de la organización delictiva Olimpo, dedicada al tráfico de cocaína en los municipios de Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal (Risaralda), La Unión, (Valle) y Medellín (Antioquia).
Se trata de Maritza Pedrozo Valencia, Yeimi Andrea Avalo Pedrozo, José Alexander Rodríguez Merchán y Hugo Zuluaga Henao a quienes la Fiscalía imputó, según su responsabilidad, por los delitos de concierto para delinquir agravado; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico porte o tenencia de armas de fuego; cargos que ninguno de ellos aceptó.
Al parecer, entre 2019 y 2021 esta organización delincuencial comercializó cocaína en los referidos municipios. Las dos mujeres fingían pertenecer a una comunidad religiosa, inclusive, vistiendo prendas que comúnmente utilizan practicantes de algunos cultos y bajo los mismos ocultaban las sustancias ilegales. De esta manera, ellas como correos humanos habrían pasado desapercibidas frente a las autoridades para llevar las sustancias a diferentes destinos de los tres departamentos.
Por otro lado, al parecer, los dos hombres se habrían encargado del suministro y de la comercialización del estupefaciente.
En tres diligencias de allanamiento y registro en los municipios de La Unión (Valle) y Santa Rosa de Cabal (Risaralda) el 3 de febrero 2021 servidores del CTI, con el apoyo de integrantes del Batallón San Mateo capturaron a los hoy imputados e incautaron 14 kilos de cocaína y un arma de fuego.
Estos resultados obedecen al Direccionamiento Estratégico, según el cual es necesario atacar las organizaciones cuyo accionar afecta la seguridad ciudadana.
La Fiscalía publica esta información por considerarla de interés general.
CLCG/MAGA/MCHA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
