La procesada Yenni Patricia Zúñiga Melenge no aceptó los cargos que la Fiscalía le endilgó por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, y fue cobijada con medida de aseguramiento en centro carcelario por el juez 27 penal con funciones de control de garantías de Cali.
La mujer fue capturada en flagrancia el pasado 4 de febrero en una vivienda del barrio Guayaquil, en el centro de la capital vallecaucana. Una fuente humana le informó a la Fiscalía que el inmueble se almacenaba marihuana perteneciente a grupos armados organizados residuales que delinquen en el norte de Cauca.
Luego de verificar la información, servidores de la Seccional, adscritos a la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, con apoyo de unidades de inteligencia del Ejército y del batallón de Policía Militar No 3 de la Tercera Brigada, ingresaron a la vivienda Zúñiga y encontraron 2 costales con 63 paquetes de marihuana, con un peso neto de 51 kilos, cuyo valor se estima en $31.000.000.
Según la investigación del ente acusador, el estupefaciente iba a ser camuflado en la base de una cama que sería enviada como encomienda hacia el centro del país.
De acuerdo con lo establecido, la sustancia, que fue transportada a Cali desde el corregimiento de El Palo, zona rural de Caloto (Cauca), pertenecería a la disidencia de las Farc Dagoberto Ramos.
El juez dispuso la cárcel de Jamundí (Valle) como sitio de reclusión para la procesada.
En cumplimiento de las disposiciones del Direccionamiento Estratégico del Fiscal General, Francisco Barbosa, la Seccional Cali trabaja con celeridad para atacar fenómenos delictivos que afectan la salud pública, como el microtráfico.
La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.
JGPV/ JC/DLBM.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
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