Luego de avalar los argumentos de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control garantías envió a la cárcel a cuatro presuntos integrantes del Grupo Delincuencial Organizado (GDO) La Orilla, dedicada al tráfico de estupefacientes. 

Los cobijados con la medida judicial son:

  • John Henry García Solano. 
  • Alexander Valderrama Martínez. 
  • Edwin Yesid Angulo Sánchez. 
  • Julio Mosquera Mosquera.
El ente investigador les imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir y porte, tráfico y distribución de estupefacientes.
En operativo de captura contra la banda La Orilla fueron capturadas seis personas.

Los investigados fueron capturados mediante un operativo el pasado 23 de enero, en medio de dos allanamientos realizados al norte de Bucaramanga. En las diligencias realizadas por la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado (DECOC) y la Policía, también fueron capturados en flagrancia John Fredy Sánchez Cristancho, quien deberá responder por el delito de receptación y Carol Juliana Páez, imputado porte, tráfico y distribución de estupefacientes

En las diligencias, los uniformados encontraron 150 dosis de bazuco.

De acuerdo con la investigación este grupo delincuencial hacía presencia en los barrios: Centro de Bucaramanga, José Antonio Galán, 5 de Enero, Carlos Pizarro y La Inmaculada.

Estos resultados responden a los lineamientos trazados por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en la lucha contra las redes de microtráfico y delitos que afectan la seguridad ciudadana.

La Fiscalía hace pública la información por considerarla de interés general.

DRAO/MG/ RM

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.